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qui, 11/16/2017 - 15:45

Triunfo para las víctimas del conflicto

Yolanda Pinto en una foto

“Decisión de Corte Constitucional sobre JEP, verdadero triunfo para las víctimas del conflicto”: Yolanda Pinto

Al tiempo que celebró la decisión del Tribunal de avalar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la directora de la Unidad para las Víctimas exigió al Congreso aprobar su reglamentación.

BOGOTÁ, D.C. La directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto, celebró la decisión de la Corte Constitucional de avalar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida con el Acto Legislativo 01 del 2017, considerada como la columna vertebral del proceso de paz firmado entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla FARC.

“Esta decisión de la Corte Constitucional es un verdadero triunfo para nosotras las víctimas del conflicto. A partir de dicho aval, tendremos Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición”, aseguró la directora de la entidad que repara integralmente a los sobrevivientes del conflicto.

La víspera, el alto tribunal avaló la JEP y mantuvo la mayoría de artículos de esta norma que establece un nuevo sistema para juzgar a los guerrilleros de las FARC, como también a terceros y a agendes del Estado involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Tras la decisión de la Corte Constitucional, las víctimas del conflicto exigimos al Congreso aprobar la reglamentación de la JEP. No hay argumento para más demora”, añadió Pinto Afanador sobre este sistema especial de Justicia, base para consolidar el proceso de paz.

La víspera, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, se pronunció sobre la JEP: “El acto legislativo cumplió en general con los requisitos de la Ley (...) Esta norma va en una transición hacia la paz, por lo que se exigía ver el acto legislativo a la luz de construir un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Después de un debate de cuatro sesiones, que duró diez horas, los magistrados llegaron a un consenso de siete (7) votos contra 0 a favor de declarar exequible el acto legislativo de la JEP. Se mantuvo la dosificación de penas dependiendo del grado de colaboración con la JEP, pero se estableció que el Congreso debe definirlas en la Ley Estatutaria que reglamenta dicha jurisdicción.

La Corte dejó intacto el Artículo 20 del Acto Legislativo que establece que las condenas contra los guerrilleros quedan suspendidas para que puedan participar en política y declaró expresamente que al suspenderse la pena se levanta también la inhabilidad.

“(Para aquellos) quienes ya tienen condena en la justicia ordinaria, las penas quedan suspendidas. Esa suspensión de las penas suspende las inhabilidades, y por consiguiente pueden participar en política”, precisó el magistrado Guerrero.

Los guerrilleros que aspiren a cargos de elección popular deben acreditar su sometimiento y comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz, así como garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo.

De incumplir al compromiso de contar la verdad o de reparar a sus víctimas, estas personas podrían perder el cargo para el que fueron elegidos. Sin verdad y sin reparación “no hay justificación para que tengan beneficios políticos”, dictaminó la Corte.

“La JEP deberá determinar las condiciones en las que se debe cumplir la condena y si (los desmovilizados) pierden o no las condiciones políticas. Será la JEP la que determinará si por la gravedad de la conducta se permite la participación en política o si resulta incompatible”, concluyó el magistrado Guerrero.

En la actualidad, el Congreso estudia la reglamentación de la JEP. Una vez suceda, pasa a sanción del presidente Juan Manuel Santos que en una alocución presidencial pidió a los congresistas agilizar las discusiones. "La paz de Colombia -así de sencillo- está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que el Congreso no les falle a los colombianos ni a las víctimas”, enfatizó.

El mundo entero está pendiente de que el Estado colombiano cumpla con su palabra empeñada", concluyó Santos cuyo gobierno pactó –el 24 de noviembre de 2016- un acuerdo de paz con las entonces guerrillas marxistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras su desmovilización y desarme, los miembros de esa agrupación conformaron el movimiento político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común).

Oficina Asesora de Comunicaciones
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

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